Protección del derecho de alimentos en el procedimiento concursal:
A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389
El derecho de alimentos se constituye como un pilar del derecho de familia y, al mismo tiempo, una obligación con una altísima tasa de incumplimiento, que alcanzó el 84% en 2020 según informes del propio Poder Judicial. En respuesta a ese escenario, en noviembre de 2022 entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores Pensiones de Alimentos, creado por la Ley N° 21.389, norma que además implementó una serie de medidas destinadas a obtener el cumplimiento forzado de esta obligación.
Una de estas medidas incide directamente en el procedimiento concursal: se modificó el artículo 2472 del Código Civil para incluir en el N° 5 de la primera clase de créditos a “los alimentos que se deben por ley a ciertas personas de conformidad con las reglas previstas en el Título XVIII del Libro I”. Sin embargo, la misma norma limita esa preferencia a 120 unidades de fomento, equivalentes hoy a cerca de $5.000.000, y el saldo de la deuda queda como crédito valista.
Lo anterior plantea un gran problema, a mi juicio, y es el límite fijado es muy inferior a la realidad de los montos que hoy se adeudan[C1] y al historial de incumplimiento que representan estas obligaciones en nuestro país. Al cumplirse cuatro años de vigencia del nuevo sistema de cobro de pensiones alimenticias, el 18 de noviembre de 2026, el Poder Judicial publicó un informe con sus resultados. Según ese informe, los tribunales de familia han ordenado el pago de aproximadamente $3,88 billones mediante los procedimientos especial y extraordinario.
Si bien la ley ha sido un avance relevante, también dejó al descubierto una realidad históricamente invisibilizada y un problema aún no resuelto: pese a la magnitud de lo recaudado, todavía queda un monto relevante por pagar. Así, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos aún mantiene vigentes 376.644 inscripciones, asociadas a una deuda impaga superior a $54.833 millones de pesos, según datos del Servicio de Registro Civil. Frente a esta realidad, el tope de 120 UF resulta insuficiente pues la mayoría de estas deudas arrastra años de incumplimiento, por lo que el tope cubre solo una parte mínima de ellas. Si bien es cierto que el resto del crédito queda a salvo como [C2] valista, queda a disposición del alimentario un patrimonio reducido a prácticamente cero por el efecto propio del término de una liquidación de persona.
El derecho de alimentos tiene, además, una dimensión de derecho fundamental: está destinado a cubrir las necesidades básicas de personas que merecen especial protección, pues son individuos que dependen completamente de terceros -normalmente sus padres- para satisfacerlas. Tradicionalmente se ha considerado una obligación de carácter civil, pero su protección ha ido aumentando, en línea con el derecho internacional, hasta entenderlo como materia de derechos fundamentales. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27.4, obliga a los Estados a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia. Con ello impone al Estado el deber de generar mecanismos efectivos para el cobro de los montos impagos, lo que se vincula con el derecho a la tutela judicial efectiva que se desprende del artículo 19 N°3 de la Constitución. [C3]
Resulta útil, asimismo, comparar esta situación con la protección de las remuneraciones de los trabajadores de una empresa en liquidación. El mismo N°5 protege las remuneraciones adeudadas sin límite de monto; siendo así los únicos topes de tal preferencia aquel que recae sobre la indemnización del artículo 163 bis del Código del Trabajo (90 UF) y, precisamente, sobre los alimentos (120 UF).
Al respecto, la Corte Suprema ha señalado que “no puede obviarse que, la remuneración es un crédito de los trabajadores que por antonomasia tiene un carácter alimentario y, por ende, visto como un elemento de subsistencia. Es decir, se trata de un bien especial al que se debe proteger, al menos, a fin de asegurar al trabajador su existencia, tanto más si se ha visto privado de ella por un tiempo prolongado a causa de un hecho imputable a su empleador” (Corte Suprema, Tercera Sala, Rol 31.979-2024, 18 de octubre de 2024, redacción del ministro Diego Simpértigue L.).
La similitud con la deuda de alimentos es evidente: como se dijo, la pensión tiene por finalidad satisfacer las necesidades del alimentario y asegurar su subsistencia en términos tales que no tiene los medios para subsistir por sí mismo. Del mismo modo, una deuda acumulada implica necesariamente que se ha privado de esos fondos al niño, niña o adolescente por causas imputables al deudor. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué ese mismo carácter alimentario no basta para otorgar a las pensiones adeudadas el mismo privilegio y tratamiento?
Resulta interesante ver cómo otras legislaciones han solucionado este problema, coincidiendo la casi totalidad del derecho comparado en dejar a salvo del discharge a las deudas alimenticias pero reconociendo algunos países que tal beneficio no resulta suficiente.
En el caso de España, el Texto Refundido de la Ley Concursal señala en su artículo 242 que son créditos contra la masa “Los créditos por alimentos a los que tuviera derecho el deudor y los que este último tuviera deber legal de prestar conforme a lo dispuesto en esta ley devengados antes o después de la declaración de concurso”. Tal consagración llama la atención respecto de nuestra legislación pues no incluye la deuda de alimentos como un crédito concursal más afecto a preferencias (artículo 269) sino que se incorpora como un crédito contra la masa que no forma parte del pasivo del concurso, sino que se descuentan de la masa activa antes de pagar a cualquier otro acreedor y no deben esperar a que exista un reparto final (artículo 245). Asimismo, no establece un tope y cubre de igual manera la deuda de alimentos preexistente al momento de la resolución de liquidación y aquellas mensualidades que se devenguen durante el procedimiento concursal[1].
Otra regulación que llama la atención es la de Estados Unidos en tanto establece los alimentos en primera prioridad y sin ningún tope desde octubre de 2005 además de excluirlos del discharge. Además, resulta interesante que no se limita únicamente a las deudas por pensión de alimentos sino que amplía el concepto utilizando el término “domestic support obligations” que, de acuerdo con el §101(14A) del Bankruptcy Code, implica toda deuda que se origine antes, durante o después de la resolución de liquidación cuyo acreedor es un cónyuge, ex cónyuge, hijo o hija, curador o familiar dependiente y que tiene la naturaleza de pensión alimenticia, mantenimiento o apoyo económico, establecido con anterioridad al inicio del procedimiento en virtud de una serie de títulos, y que dicho título no haya sido cedido a un particular[2].
En conclusión, si bien es posible reconocer que la protección del derecho de alimentos en nuestra legislación ha avanzado de manera significativa, al punto de extenderse a los casos de insolvencia del alimentante, aún subsisten normas, como el tope de 120 UF, que reducen significativamente la posibilidad de cobro efectivo de la deuda alimentaria. Por ello, considerando la similitud entre esta prestación y las remuneraciones de los trabajadores, así como la experiencia del derecho comparado, parece plausible proponer una reformulación del referido tope en dos sentidos: reducir el monto y aplicarlo sobre cada pensión mensual adeudada, en lugar de sobre el crédito total que se verifica. De este modo, la preferencia cubriría íntegramente la generalidad de las pensiones impagas, asegurando un monto mínimo mensual que se pagará preferentemente, y mantendría al mismo tiempo un límite que resguarda los derechos de los demás acreedores.
[1] En Chile, al Ley N°20.720 no soluciona este problema y existen diversas interpretaciones al respecto.
[2] Traducción propia. Texto original: The term “domestic support obligation” means a debt that accrues before, on, or after the date of the order for relief in a case under this title, including interest that accrues on that debt as provided under applicable nonbankruptcy law notwithstanding any other provision of this title, that is— (A) owed to or recoverable by— (i) a spouse, former spouse, or child of the debtor or such child’s parent, legal guardian, or responsible relative; or (ii) a governmental unit; (B) in the nature of alimony, maintenance, or support (including assistance provided by a governmental unit) of such spouse, former spouse, or child of the debtor or such child’s parent, without regard to whether such debt is expressly so designated; (C) established or subject to establishment before, on, or after the date of the order for relief in a case under this title, by reason of applicable provisions of— (i) a separation agreement, divorce decree, or property settlement agreement; (ii) an order of a court of record; or (iii) a determination made in accordance with applicable nonbankruptcy law by a governmental unit; and (D) not assigned to a nongovernmental entity, unless that obligation is assigned voluntarily by the spouse, former spouse, child of the debtor, or such child’s parent, legal guardian, or responsible relative for the purpose of collecting the debt.